En las tres anteriores entradas he mostrado los curiosos movimientos, tanto del CNI como de la UCIE, para vincular a Allekema Lamari en los atentados del 11 de marzo. Y resultan curiosos porque se realizan de forma encubierta y nunca se han llegado a explicar completamente, a pesar de una comisión de investigación en el Parlamento y una prolongada instrucción judicial. A día de hoy desconozco el motivo por el que se detuvo a Farid Oulad Ali, por qué el mismo 11 de marzo se interrogó a El Bouzrouti o por qué supuestamente se desistió de buscar a Mohamed Afalah en esos primeros días. De hecho ni siquiera sé por qué la UCIE, en contra de lo que se afirmaba en algunos testimonios posteriores al 11-M, reaccionó con tanta rapidez y a las pocas horas de cometerse el atentado estaba tras la pista de personas relacionadas con Allekema Lamari, ni por qué disponía de información tan precisa del paradero de alguien que llevaba un año en busca y captura. Hay muchas lagunas en esas primeras horas de la investigación y pretendo seguir avanzando para intentar aportar algo más de luz. Para poder continuar esta historia necesito realizar un pequeño quiebro que me va a permitir introducir posteriormente nuevos personajes y situaciones.
El artículo de José María Irujo de 19 de septiembre de 2004 en el diario El País, ya citado en el inicio de esta serie, aporta muchas claves y conviene recuperarlo como hilo conductor de esta historia.
La primera no tiene nada que ver con Lamari y es un análisis genérico de las amenazas terroristas de carácter islámico contra España antes del 11-M. Sin embargo esa referencia a la nota del CNI de 6 de marzo no era nueva, ya que el propio Irujo la había mencionado en una información previa el 13 de junio de 2004.
Y tantas vueltas le dieron a esa supuesta nota informativa de 6 de marzo que el propio juez Del Olmo se la solicitó al mismísimo Secretario de Estado de Seguridad el 22 de noviembre de 2004.
No he sido capaz de averiguar qué es lo que movió a Del Olmo a centrar su petición en esa nota de 6 de marzo, aunque supongo que serían las informaciones publicadas al respecto. El caso es que la contestación de Antonio Camacho es de lo más reveladora y es una muestra más de la guerra abierta en torno al papel de los servicios de inteligencia, el papel de Lamari y lo que sabían los respectivos gobiernos, tanto el saliente de Aznar, como el entrante de Zapatero.
Como expliqué al principio, con esta historia sobre las notas del CNI tenía como objetivo introducir nuevos personajes en torno a las andanzas de Lamari. Y no soy el primero en seguir este camino. En octubre de 2005 Antonio Rubio aprovechaba la desclasificación de los documentos del CNI solicitada por Del Olmo para levantar el telón sobre uno de los principales protagonistas de la saga/fuga de A. L.: Safwan Sabagh. Y hasta aquí puedo contar.....de momento.
El pasado 6 de marzo, cinco días antes del ataque, la unidad antiterrorista del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró una nota interna en la que informó de la desaparición del barrio madrileño de Lavapiés del argelino Allekema Lamari y de cinco radicales de su grupo, según señalan fuentes del centro. Lamari es presumiblemente el séptimo suicida sin identificar del comando terrorista.Es curioso que Irujo se refiera a una nota del CNI de 6 de marzo de 2004. Las notas del CNI desclasificadas por el Gobierno de Zapatero a instancias del juez del Olmo son las siguientes:
La primera no tiene nada que ver con Lamari y es un análisis genérico de las amenazas terroristas de carácter islámico contra España antes del 11-M. Sin embargo esa referencia a la nota del CNI de 6 de marzo no era nueva, ya que el propio Irujo la había mencionado en una información previa el 13 de junio de 2004.
El 6 de marzo de 2004, la unidad antiterrorista del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elevó un informe al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Ángel Acebes, en el que se informaba de la desaparición en el barrio madrileño de Lavapiés de un grupo de seis integristas, entre los que figuraba K. L. un argelino detenido en Valencia en 1997, condenado a 10 años de prisión y puesto en libertad tras ganar un recurso presentado ante el Tribunal Supremo.Posteriormente, el 18 de octubre, tras la identificación de Lamari como el séptimo "suicida" de Leganés, El País retomó el tema con una información en portada que era un claro ataque contra la gestión del gobierno de Aznar y en la que se volvía a mencionar la misteriosa nota del CNI de 6 de marzo.
Las demandas del CNI no obtuvieron respuesta y los meses pasaron sin que la amenaza llegara a concretarse, pero el 6 de marzo, cinco días antes de los atentados contra los trenes de cercanías, volvió a insistir en su peligrosidad. El mismo 11 de marzo, mientras Madrid se sumía en el caos, agentes del CNI fotografiaron en un parque de Valencia a antiguos miembros del GIA, a la búsqueda del hilo que les condujera hasta su jefe.Sin embargo desde algún medio salieron al quite del anterior gobierno. Es el caso de Libertad Digital, que desmentía a El País en esta noticia. Por lo visto disponía de buenas fuentes en la comisión de investigación como para saber qué notas se habían mostrado a la comisión de investigación del Congreso.
La información de El País llega a afirmar que sólo cinco días antes de los atentados –el 6 de marzo– el CNI le insistió de nuevo al Gobierno sobre “la peligrosidad del argelino”. Pero, por extraño que parezca, no hay referencia alguna del CNI a Lamari el día 6 de marzo. O no ha sido remitida –pese a que sería un documento esencial para la comisión y que avalaría la tesis de la imprevisión– o no existe.Lo que viene a decir la noticia de Libertad Digital es que se podría estar confundiendo la fecha de 6 de marzo con la de 16 de marzo. El problema es que no existe tampoco nota de 16 de marzo, ya que la nota del CNI más próxima está fechada el 15 de marzo. Al parecer lo que hubo el día 16 es una reunión de coordinación a la que acudió por primera vez el director del CNI.
Y tantas vueltas le dieron a esa supuesta nota informativa de 6 de marzo que el propio juez Del Olmo se la solicitó al mismísimo Secretario de Estado de Seguridad el 22 de noviembre de 2004.
No he sido capaz de averiguar qué es lo que movió a Del Olmo a centrar su petición en esa nota de 6 de marzo, aunque supongo que serían las informaciones publicadas al respecto. El caso es que la contestación de Antonio Camacho es de lo más reveladora y es una muestra más de la guerra abierta en torno al papel de los servicios de inteligencia, el papel de Lamari y lo que sabían los respectivos gobiernos, tanto el saliente de Aznar, como el entrante de Zapatero.
Y es que leyendo la contestación de Antonio Camacho uno no puede dejar de acordarse de las declaraciones de Aznar en julio de 2004. No sé si Aznar se llevó los papeles del CNI, pero si nos creemos a Antonio Camacho al menos alguien los hizo desaparecer de la Secretaría de Estado de Seguridad. En cualquier caso la respuesta del Secretario de Estado de Seguridad no arredró al juez Del Olmo, que ya estaba decidido a tirar hacia delante con todo y solicitar la desclasificación de los documentos del CNI relativos al 11-M. Pero con Del Olmo por medio es tónica general que siempre acabe perdiéndose algo por el camino. Su señoría, o algún amanuense de su juzgado, tenía una habilidad especial para modificar convenientemente la redacción de sus autos y providencias, de forma que, aunque en apariencia dijesen lo mismo, en su literalidad las cosas fuesen bastante diferentes. En este caso sorprendentemente los que se dan cuenta son los periodistas de El País, concretamente Jorge A. Rodríguez y Miguel González.
El primer escrito que el juez elevó al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el 22 de noviembre de 2004, era más concreto, pues pedía las notas que el CNI envió a Interior sobre el argelino Alekema Lamari, el séptimo suicida de Leganés y presunto emir del grupo, en 2003 y 2004, "especialmente las que se habrían remitido el 6 de noviembre de 2003 y el 6 de marzo de 2004".
En estas notas, que leyeron los diputados de la comisión del 11-M, el servicio secreto advertía al Ministerio del Interior de que el argelino estaba dispuesto a cometer un atentado en España.
Camacho contestó al juez que estas notas no estaban en Interior y que se trataba de información clasificada, por lo que no podía "acceder en este caso específico a su petición", por impedírselo la legislación de secretos oficiales.
La fiscal del caso, Olga Sánchez, informó a favor de pedir la desclasificación de los documentos el 10 de enero de 2005; y el juez elevó su exposición motivada a los ministros de Defensa e Interior el 15 de febrero. Sin embargo, de la solicitud ha desaparecido toda alusión a Lamari y a los informes del CNI de 6 de noviembre y 6 de marzo, pues el argelino falleció el 3 de abril en Leganés y la causa no puede dirigirse contra él.
La noticia refleja fielmente el proceso seguido por el juez Del Olmo para incorporar la documentación del CNI al sumario. Y pone el dedo en la llaga en esa curiosa "omisión" en la solicitud de desclasificación que hace Del Olmo, aunque equivoca el motivo. En la solicitud de desclasificación se incluye a Lamari y al resto de suicidados en Leganés, así como de todos los imputados en el sumario en la fecha de la petición. Una vez más ignoro a qué se debe la omisión del párrafo señalado por El País, pero precisamente el que El País le de relevancia y lo mencione en una información de uno de sus expertos en Interior me ratifica en mi creencia de que es algo significativo.
En cualquier caso el Gobierno finalmente desclasificó algunas notas relativas a Lamari, las enumeradas al principio de la entrada, que fueron remitidas al juez Del Olmo e incorporadas al sumario. Y obviamente no aparece la famosa nota de 6 de marzo a la que se refería Irujo. ¿Realmente existió esa nota?¿La ocultó el gobierno de Zapatero al juez Del Olmo?¿Por qué desaparecieron de la Secretaría de Estado con el gobierno saliente de Aznar?
No tengo respuesta para estas preguntas, pero sí puedo destacar algunas cosas bastante obvias. En primer lugar el gobierno de Zapatero no tenía ningún interés por ocultar esos documentos. Al contrario, los podía utilizar políticamente contra Aznar, como así se hizo desde El País y medios afines. No se me ocurre nadie más interesado que el propio Zapatero en que Del Olmo le diese la excusa para desclasificar los documentos y que pudiesen ser públicos. Por el contrario no veo cuál podía ser el interés del PP en obtener unos documentos que podían ser utilizados para descalificar la gestión del gobierno anterior. Al margen de luchas políticas, tampoco veo ningún interés en el CNI por airear unos documentos que podrían poner en cuestión la actuación de los servicios de inteligencia en los días previos al atentado. Aunque es verdad que, en el ajedrez y en la estrategia militar, a veces hay que sacrificar algunos peones para lograr determinados objetivos. Lo que es evidente es que alguien tenía interés en airear el asunto Lamari y prueba de ello es que se facilitó información a José María Irujo. Si la nota no existía, ¿quién intoxicó específicamente a Irujo con los detalles concretos sobre la "desaparición" de Lamari y seis más de Lavapiés cinco días antes del atentado? Y si realmente existió, ¿por qué después de filtrar su contenido se hizo desaparecer y no se incluyó entre los documentos desclasificados? Tampoco se puede descartar la rivalidad entre los diferentes cuerpos de seguridad
